22-10-06
Editorial
NO HAY NINGUN ATAJO PARA QUE BATASUNA SEA LEGAL
Por mucho que el PSE y el PNV se reúnan en secreto con Batasuna, por mucho que el fiscal general del Estado pida a los jueces y fiscales que busquen «la paz social», por mucho que haya dirigentes socialistas dispuestos a renunciar a sus principios, por mucho que el presidente del Gobierno diga -como dijo el 12 de octubre- que Batasuna puede volver a la legalidad con un nuevo partido, la ley y la doctrina no dejan lugar a dudas. Zapatero no especificó si sería suficiente con el cambio de nombre, pero tarde o temprano tendrá que anunciar que los dirigentes de la formación proetarra están obligados a cumplir los requisitos de la Ley de Partidos, si quieren presentarse a las elecciones. Así se recoge nítidamente en un informe jurídico encargado por el propio Gobierno.
El documento, que hoy publica EL MUNDO, disipa por completo la falacia que están haciendo correr los distintos portavoces de Batasuna, que reiteradamente vienen pidiendo que el Estado vuelva a legalizar su formación de la misma manera que la dejó fuera de la ley. El dictamen no puede ser más contundente al respecto, al establecer que la disolución del partido proetarra supuso «la extinción de su personalidad» y «su muerte civil». Es decir, que la relegalización es imposible. E, incluso, advierte que la ley vigente «prohíbe la inscripción de partidos con una denominación igual o semejante, aun fonéticamente, al de uno declarado ilegal». Es decir, sólo tendría cabida dentro de la ley un partido completamente nuevo con un nombre que no guarde parecido alguno con Batasuna.
El informe establece un requisito sine qua non para que Otegi, Permach, Barrena y compañía puedan hacer política dentro de la ley. Será imprescindible lo que los juristas denominan «un contraindicio». O sea, un compromiso que borre los indicios de que el futuro partido es heredero de Batasuna. Y el único «contraindicio» que cabe en este caso es el de «la condena inequívoca y concreta del terrorismo», no bastando una «genérica condena de la violación de los derechos humanos». Por mucho que Otegi ironice, como hizo ayer, sobre una declaración de ETA de abandono total de las armas o acerca de su propia situación procesal, al final tendrá que cumplir la ley.
El presidente del Gobierno reiteró ayer en un mitin en Lérida su voluntad de «conseguir la paz y el fin de la violencia» en el País Vasco. Pues bien, para lograrlo sólo tiene dos caminos según sus propios informes jurídicos: o lograr que Batasuna funde un nuevo partido que condene la violencia para ser legalizada, o pedir al Parlamento que deroge la Ley de Partidos.
[A la atención de quien lleve esto entre manos, en el entorno del Gobierno y en el de los terroristas:
Sí que lo hay, eso, UN ATAJO: podrían hacer como para entrar en las Cortes se hizo por quienes para cumplir el requisito de jurar acatar la Constitución, a la formula prescrita añadieron la salvedad [¡estos hijos de puta, siempre dejando su conciencia a salvo!] de que era 'por imperativo legal'. Y se admitió como totalmente constitucional: Sentencia TC 74/1991, de 8 de abril [BOE 119, de 14 de mayo].
En definitiva: podrían condenar la violencia 'por imperativo legal' con lo que no cederían un ápice en su manifiesto apoyo público a ETA y a su lucha por la libertad de Euskal Herría, y se pasarían la Ley de partidos por donde cuelga el badajo. De nada].
Editorial
NO HAY NINGUN ATAJO PARA QUE BATASUNA SEA LEGAL
Por mucho que el PSE y el PNV se reúnan en secreto con Batasuna, por mucho que el fiscal general del Estado pida a los jueces y fiscales que busquen «la paz social», por mucho que haya dirigentes socialistas dispuestos a renunciar a sus principios, por mucho que el presidente del Gobierno diga -como dijo el 12 de octubre- que Batasuna puede volver a la legalidad con un nuevo partido, la ley y la doctrina no dejan lugar a dudas. Zapatero no especificó si sería suficiente con el cambio de nombre, pero tarde o temprano tendrá que anunciar que los dirigentes de la formación proetarra están obligados a cumplir los requisitos de la Ley de Partidos, si quieren presentarse a las elecciones. Así se recoge nítidamente en un informe jurídico encargado por el propio Gobierno.
El documento, que hoy publica EL MUNDO, disipa por completo la falacia que están haciendo correr los distintos portavoces de Batasuna, que reiteradamente vienen pidiendo que el Estado vuelva a legalizar su formación de la misma manera que la dejó fuera de la ley. El dictamen no puede ser más contundente al respecto, al establecer que la disolución del partido proetarra supuso «la extinción de su personalidad» y «su muerte civil». Es decir, que la relegalización es imposible. E, incluso, advierte que la ley vigente «prohíbe la inscripción de partidos con una denominación igual o semejante, aun fonéticamente, al de uno declarado ilegal». Es decir, sólo tendría cabida dentro de la ley un partido completamente nuevo con un nombre que no guarde parecido alguno con Batasuna.
El informe establece un requisito sine qua non para que Otegi, Permach, Barrena y compañía puedan hacer política dentro de la ley. Será imprescindible lo que los juristas denominan «un contraindicio». O sea, un compromiso que borre los indicios de que el futuro partido es heredero de Batasuna. Y el único «contraindicio» que cabe en este caso es el de «la condena inequívoca y concreta del terrorismo», no bastando una «genérica condena de la violación de los derechos humanos». Por mucho que Otegi ironice, como hizo ayer, sobre una declaración de ETA de abandono total de las armas o acerca de su propia situación procesal, al final tendrá que cumplir la ley.
El presidente del Gobierno reiteró ayer en un mitin en Lérida su voluntad de «conseguir la paz y el fin de la violencia» en el País Vasco. Pues bien, para lograrlo sólo tiene dos caminos según sus propios informes jurídicos: o lograr que Batasuna funde un nuevo partido que condene la violencia para ser legalizada, o pedir al Parlamento que deroge la Ley de Partidos.
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[A la atención de quien lleve esto entre manos, en el entorno del Gobierno y en el de los terroristas:
Sí que lo hay, eso, UN ATAJO: podrían hacer como para entrar en las Cortes se hizo por quienes para cumplir el requisito de jurar acatar la Constitución, a la formula prescrita añadieron la salvedad [¡estos hijos de puta, siempre dejando su conciencia a salvo!] de que era 'por imperativo legal'. Y se admitió como totalmente constitucional: Sentencia TC 74/1991, de 8 de abril [BOE 119, de 14 de mayo].
En definitiva: podrían condenar la violencia 'por imperativo legal' con lo que no cederían un ápice en su manifiesto apoyo público a ETA y a su lucha por la libertad de Euskal Herría, y se pasarían la Ley de partidos por donde cuelga el badajo. De nada].
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